La estructura de poder virreinal en América Latina se coló en las repúblicas independientes posteriores y un buen ejemplo son las capacidades demenciales que acumula la mayoría de los presidentes de la región hasta el día de la fecha, en concreto los decretos y vetos como si todavía estuviésemos dentro del esquema de poder absoluto de antaño. La soberbia, el racismo, la violencia, el delirio y la corrupción generalizada del colonialismo también están presentes en otras dependencias del Estado de corte aristocrático, como el poder judicial, y en esos feudos del interior de los países que en muchos aspectos se siguen administrando como estancias al servicio de un oligarca dictatorial todopoderoso, quien casi siempre se sale con la suya por la sencilla razón de que los centros de poder, de orden metropolitano, manifiestan un enorme desinterés por las regiones más inhóspitas o alejadas dentro de la nación de turno, amén de los pactos de cada momento histórico con el objetivo de jamás tocar el statu quo vigente. En consonancia con estas repúblicas atrofiadas y este federalismo farsesco de hoy en día, donde las capitales controlan con mano de hierro lo que sucede en las provincias mediante la asignación discrecional de recursos, la historia oficial tiende a ensalzar a la retahíla de continuadores espirituales del virreinato, ahora haciendo negocios para sí mismos y no para la mafia europea, y excluye a todos los habitantes originarios de América antes del aluvión de colonos, esos aborígenes que fueron perseguidos, masacrados y eventualmente confinados en lo que los estadounidenses denominan “reservas”, con una importante diferencia de por medio porque en yanquilandia la estructura jurídica de dichos asentamientos se mantuvo en general bastante firme, dando origen a unas comunidades relativamente aisladas que de todos modos incorporaron muchos elementos de la cultura hegemónica, mientras que en América Latina las legislaciones protectoras se movieron en un espectro que va de lo precario a lo inexistente, generando fases de asimilación cultural.

Con el avance del capitalismo salvaje en el Siglo XXI todo el sur del planeta se volvió un botín preciado para la lacra extractivista, tanto internacional como local asociada con la anterior, por ello las viejas campañas genocidas del Siglo XIX en pos de ganar tierras para la “causa nacional” de los flamantes Estados de América Latina, cazando y asesinando a tribus enteras de aborígenes, en el nuevo milenio experimentan un evidente regreso bajo la máscara de las arremetidas de las oligarquías institucionales y sus secuaces del emporio privado con el objetivo de hacerse de más y más tierras para quedarse con commodities muy valiosos como el agua, el petróleo, el gas o los minerales, además de la explotación agrícola y ganadera. En estas guerras silenciosas posmodernas, siempre ninguneadas por los medios de comunicación, los gobiernos y los algoritmos de las redes sociales, tienen mucho que ver los acuerdos anteriormente señalados entre las metrópolis de cada país y sus delegaciones en las provincias o territorios satélites, por ello el “dejar hacer” del Estado centralizado en las manos de los aparatos regionales equivale a avanzar sobre la propiedad ancestral de comunidades indígenas que ya vienen siendo diezmadas desde la modernidad de principios y mediados del Siglo XX, cuando por la pobreza, el olvido o la represión se vieron obligadas a trasladarse a las grandes ciudades para sumarse las mujeres al servilismo en casas de profesionales de buen pasar, la nueva esclavitud, y los varones a aquel armazón industrial del flamante Estado de Bienestar por sustitución de importaciones, régimen de pleno empleo que llegó a su fin -precisamente- con el ascenso del neoliberalismo a partir de las décadas del 70 y 80 para llegar a su cúspide en los años 90, un período a partir del cual comenzó un proceso de rauda expulsión de mano de obra que ha destruido por igual y de una manera escalonada al proletariado, los lúmpenes del cordón suburbano y finalmente a la pequeña burguesía desclasada/ fascista que vota a la derecha, masoquismo de por medio.

Nuestra Tierra (2025), quinto largometraje de la realizadora y guionista argentina Lucrecia Martel y su primer documental, constituye un retrato de todos estos ejes de un colonialismo naturalizado de larga data, por un lado saqueando la tierra de los pueblos originarios a través del ninguneo legal sistemático por parte del Estado, gran leitmotiv en cuanto a la discriminación contra los menesterosos, y por el otro lado suprimiendo su existencia en términos simbólicos, culturales, educativos, identitarios, étnicos e históricos, asimismo un latiguillo muy habitual en todo proceso de imperialismo de puertas adentro con la meta de suprimir cualquier intento de rebeldía al eliminar la misma posibilidad de una alternativa colectiva con respecto a la blanca, cristiana y capitalista dominante. Suerte de complemento del film previo de Martel, Zama (2017), centrado en la mirada caucásica usurpadora del colonialismo desde una óptica existencialista kafkiana que vinculaba a la novela original de 1956 de Antonio Di Benedetto con Esperando a los Bárbaros (Waiting for the Barbarians, 1980), de J.M. Coetzee, y El Desierto de los Tártaros (Il Deserto dei Tartari, 1940), de Dino Buzzati, Nuestra Tierra ahora se sumerge en la perspectiva opuesta, la del colonizado en su versión terminal, mediante la excusa del análisis de una comunidad aborigen de la Provincia de Tucumán, en Argentina, la Chuschagasta, que fue víctima de una catarata de operaciones burdas de demonización, acoso y expulsión para que abandonen los terrenos donde viven y vivieron sus antepasados, cortesía de una mafia especuladora obsesionada con la minería y conectada a un andamiaje político que terminaría siendo responsable del asesinato en 2009 del cacique o líder comunero Javier Chocobar. La directora retrata tanto la miseria y cuasi amnesia de los nativos, muchos habiendo abandonado el lugar, como el desarrollo del inmundo juicio de 2018 contra los psicópatas responsables del homicidio y los heridos a raíz del ataque, Darío Amín, Luis Humberto Gómez y Eduardo Valdivieso.

Martel, típica cineasta arty de linaje noventoso como lo demuestra su trilogía inicial en torno a los sinsabores de la angustia rosa, La Ciénaga (2001), La Niña Santa (2004) y La Mujer sin Cabeza (2008), dedica gran parte del metraje a lo que sería una versión bastante minimalista -sin aquellos relatos grandilocuentes en off- de los documentales etnográficos de Werner Herzog sobre los márgenes del derrotero discursivo humano y los procesos de integración/ inculturación y adaptación/ aculturación, en este sentido la salteña indaga en los relatos de los miembros de la comunidad Chuschagasta, todo condimentado con tomas aéreas desde drones cubriendo las tierras en conflicto, porque su idea es contraponer la segregación a la que son sometidos los descendientes de nativos con la violencia explícita representada en simultáneo por los acusados/ verdugos, los abogados y jueces del tribunal y todo el aparato jurídico, ese que jamás los escuchó y por ello los condujo a tener que ocupar las parcelas en disputa como un acto de defensa contra empleados públicos y ex policías varios que a su vez ofician de testaferros de la cleptocracia de Tucumán. Entre recreaciones del asesinato, por cierto captado en parte por una cámara de los mismos esbirros, y algunas graciosas entrevistas a historiadores y periodistas de la oligarquía que discrimina sin cesar, profundamente estúpida, engreída y oscurantista, la película se detiene con perspicacia en los esclavos implícitos de los chupasangres legales, esos que limpian o les traen infusiones, y pone el acento en la expoliación que sufrieron los comuneros a lo largo del tiempo, de hecho condenados una y otra vez a abandonar su lugar de nacimiento para convertirse en sirvientas u operarios en las metrópolis, como aseverábamos antes. Martel aquí esquiva los clichés del true crime más banal o descerebrado del streaming y ofrece un lienzo valioso aunque en ocasiones un poco redundante -la circularidad narrativa y cierta duración inflada no ayudan- de una marginación institucional ominosa, de clara inequidad neocolonialista…

Nuestra Tierra (Argentina/ Estados Unidos/ México/ Países Bajos/ Francia/ Dinamarca, 2025)

Dirección: Lucrecia Martel. Guión: Lucrecia Martel y María Alché. Elenco: Javier Chocobar, María Rasguido, Antonia Hortensia Mamani, Delfín Cata, Demetrio Balderrama, Chano Chocobar, Alberto Orlando Cata, Emilio Mamani, Vanina Chocobar, Mariela Vargas. Producción: Joslyn Barnes, Benjamín Domenech, Julio Chavezmontes, Santiago Gallelli, Javier Leoz y Matías Roveda. Duración: 124 minutos.